BLOG DE C Y T DEL MERCURIO

A comienzos de septiembre se reunió el Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Ciencias Naturales y Exactas para analizar el panorama nacional en lo que han sido materias de políticas públicas en el campo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La situación nacional ha alcanzado altos niveles de disparidad entre lo que espera la comunidad científica nacional y las decisiones adoptadas en forma inconsulta desde el poder político gubernamental.

Sin duda que, las principales dificultades, se han originado con la puesta en marcha del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), el cuál ha buscado hacerse de todo el poder necesario para controlar las fuentes de financiamiento que habitualmente se han canalizado a través de CONICYT y CORFO, con políticas independientes, y que en este nuevo sistema integrado, han sido relegadas al papel de meros ejecutores de las decisiones emanadas desde este consejo presidencial.

Así, las equivocaciones de la burocracia gubernamental han ido sucediendo una tras otra, sin mediar los acuerdos establecidos con las Universidades o sobrepasando la institucionalidad que a nivel nacional han ido construyendo con esmero y verdadera dedicación profesional los científicos y académicos de nuestro país, quiénes han alcanzado hoy día, un consolidado prestigio continental.

Así, vemos que la conformación de los ocho clusters definidos por este Consejo (CNIC) deja fuera materias cruciales de interés estratégico nacional como la energía, o vemos con honda preocupación que las amenazas de disminución de los proyectos FONDECYT Regulares, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de la Nación 2008 que se presentará al Congreso, vienen a parar el desarrollo científico nacional de una manera definitiva, cuestión que ya habíamos anunciado al mostrar que en los últimos diez años se ha doblado la población de científicos, en tanto que estos proyectos han disminuido en casi un 20% respecto del año 1995.

En esta misma línea de acción, vemos como la exclusión de las universidades del concurso de Centros de Excelencia Basal condujo a una crisis del sistema, que finalmente, bajo la presión del Consejo de Rectores (CRUCH) se determinó que el Gobierno enmendara tal decisión, para más tarde manipularse arbitrariamente otros aspectos tan gravitantes como la inclusión de altas contrapartidas económicas, lo que ha venido, en pocas palabras, a mantener el mismo principio de exclusión universitaria, con exigencias económicas draconianas, propias de una política de autofinanciamiento.

En suma, existiendo los recursos económicos que se han liberado extraordinariamente por el mayor incremento del gasto fiscal, más los aportes frescos y cuantiosos de la ley del royalty, aún no nos permite, por segundo año consecutivo, crecer apropiadamente para consolidar el esfuerzo nacional en Ciencia y Tecnología, pilares de sustentación indiscutidos de la Innovación.

Las alternativas que nos deja el Gobierno son nuevamente la protesta y el reclamo ante la opinión pública, dado que como Institucionalidad Científica de nuestro país, conformada por Universidades, Centros de Investigación autónomos, Sociedades Científicas y la Academia de Ciencias, no se abren los espacios para una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones, ni se nos escucha para recomendar personeros idóneos en los cargos más relevantes de la administración en Ciencia y Tecnología de nuestro país, que tengan formación, experiencia y trayectoria. Una vez más, se opta por contrariar la lógica, la prudencia y la proactividad, para finalmente hacer de la innovación una improvisación cuyo impacto redundará en seguir postergando los verdaderos intereses de la nación.